Entre Ríos tiene sobre la mesa una oportunidad que merece atención y seguimiento. A octubre de 2026, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones —RINI— reúne 180 proyectos elegibles, con compromisos de inversión por 266,75 millones de dólares y una previsión de 2.930 puestos de trabajo directos. Son cifras relevantes, aunque corresponde leerlas con precisión: expresan inversiones comprometidas y empleos proyectados, con distintos procesos por recorrer hasta su concreción.
El gobierno de Rogelio Frigerio encuentra en esta herramienta una de sus principales apuestas para impulsar la actividad privada. El mecanismo busca mejorar las condiciones para invertir mediante beneficios fiscales, reintegros energéticos y facilidades de acceso a garantías. Las exenciones pueden alcanzar el 100% de determinados tributos provinciales, según las condiciones de cada proyecto.
Pero hay un dato que explica mejor que cualquier consigna hacia dónde está avanzando el programa: el 77% de las iniciativas corresponde a ampliaciones de empresas existentes; el 23% restante, a nuevos emprendimientos. La industria concentra el 58,3% de los proyectos, seguida por el turismo, con el 9,2%.
Esa composición permite una lectura propia: buena parte de la apuesta entrerriana pasa por conseguir que crezcan quienes ya producen en su territorio. Ampliar una planta, incorporar tecnología o desarrollar otro producto puede tener un efecto profundo sobre una localidad, especialmente cuando esa expansión también genera pedidos para talleres, transportistas y prestadores de servicios cercanos.
Los ejemplos muestran escalas diferentes. En Seguí, Nogopaint recibió la certificación de adhesión para una inversión superior a 255 millones de pesos, destinada a infraestructura, maquinaria y vehículos utilitarios. En General Racedo, el proyecto de Calisa 2, del Grupo Motta, contempla 45 millones de dólares para ampliar capacidad productiva y fortalecer su presencia internacional.
Entre ambos extremos aparece la discusión de fondo: cómo lograr que el incentivo se convierta en una cadena de oportunidades. Una empresa puede modernizarse y mejorar su competitividad; el beneficio para la provincia será mayor si, además, compra a proveedores entrerrianos, forma trabajadores y sostiene empleo estable.
Desde Concordia, esa discusión tiene una dimensión especialmente concreta. Cabe plantear qué condiciones necesita cada ciudad para captar proyectos y acompañar a sus propias empresas. La infraestructura, la disponibilidad de servicios, la capacitación y la capacidad municipal para facilitar trámites también deberían formar parte de esa agenda.
El balance exige, además, información pública que permita seguir cuánto se ejecutó, cuántos empleos se incorporaron y cómo se distribuyen territorialmente los beneficios. Una política de incentivos implica recursos fiscales que la provincia resigna con la expectativa de obtener desarrollo.
Quizás la conclusión más interesante sea esta: el éxito del RINI también debería medirse por las empresas entrerrianas que consigan convertirse en proveedoras de las inversiones beneficiadas. Ahí puede empezar un crecimiento más extendido, capaz de salir del perímetro de una fábrica y llegar al comercio, al taller y a la economía cotidiana de cada ciudad.
