Las PASO nacionales todavía no fueron eliminadas ni suspendidas para 2027. Ese es el punto de partida para entender una discusión en la que los anuncios políticos avanzan más rápido que las decisiones parlamentarias. La suspensión aprobada en 2025 alcanzó exclusivamente a las elecciones de aquel año: no derogó el sistema ni resolvió lo que ocurrirá en la próxima competencia presidencial. Para evitar nuevamente las primarias, el oficialismo necesita una nueva ley.
La novedad es que el Gobierno encuentra dificultades para convertir su objetivo en una mayoría legislativa. La reforma continúa frenada en el Senado y, mientras la eliminación definitiva permanece como aspiración, la suspensión para 2027 gana espacio como alternativa de negociación. La Libertad Avanza tiene veintiún senadores propios y necesita alcanzar treinta y siete votos: depende, por lo tanto, de acuerdos con otros bloques. Las conversaciones con gobernadores no se tradujeron todavía en respaldos suficientes para garantizar la aprobación.
Dentro del propio oficialismo conviven evaluaciones diferentes. Diego Santilli, encargado de las conversaciones con las provincias, transmite confianza en que la reforma podrá salir. En el bloque libertario del Senado predomina una posición más cautelosa. Las versiones sobre diferencias internas apuntan al momento de cerrar los acuerdos: algunos sectores quieren asegurar cuanto antes los apoyos parlamentarios; otros prefieren conservar margen para definir candidatos y alianzas provinciales. Son reconstrucciones de las negociaciones políticas, no compromisos públicos que permitan dar por cerrada la votación.
Esa diferencia permite entender por qué una iniciativa presentada como una simplificación electoral termina atrapada en una discusión territorial. Para un gobernador, acompañar la reforma puede estar relacionado con saber si enfrentará a un candidato libertario competitivo en su provincia. Para la Casa Rosada, garantizar ese respaldo puede exigir concesiones que condicionen su expansión electoral. El intercambio tiene una lógica reconocible: cada sector intenta acordar las reglas sin resignar su posición para la elección siguiente.
La propuesta original, cuyo tratamiento comenzó en mayo, tiene además un alcance mayor que las primarias. Incluye modificaciones a la Boleta Única de Papel, a los requisitos para la personería de los partidos y al financiamiento de las campañas. Por eso, reducir todo el debate a la conveniencia de ahorrar una jornada de votación deja afuera cambios que también inciden en quiénes pueden competir y en qué condiciones.
Entre los puntos que impulsa el Ejecutivo aparece la incorporación de un casillero para votar una lista completa con una sola marca. Su eventual efecto político debe plantearse como una posibilidad: podría facilitar el acompañamiento de las candidaturas legislativas que compartan agrupación con un postulante presidencial fuerte. No garantiza ese resultado, pero explica por qué el diseño de la boleta también forma parte de la negociación.
El Gobierno defiende la supresión de las PASO con argumentos de ahorro y simplificación. Desde el sector de Axel Kicillof, Carlos Bianco cuestionó la iniciativa y sostuvo que busca dificultar la organización opositora y favorecer la reelección de Javier Milei. Esa es una acusación política sobre las intenciones del oficialismo, no un hecho demostrado. Del mismo modo, la promesa de una elección más económica no resuelve por sí sola la discusión sobre la participación ciudadana en la selección de candidatos.
Las dos posiciones requieren un examen que vaya más allá de sus consignas. Las primarias pierden parte de su sentido cuando las agrupaciones presentan listas únicas y trasladan al conjunto de los votantes una competencia que no existe. Pero, cuando hay alternativas reales, permiten que la definición de candidaturas exceda a las conducciones partidarias. Suprimirlas puede reducir gastos; también puede aumentar el peso de quienes controlan los partidos. Mantenerlas preserva una herramienta de participación, aunque no garantiza que los dirigentes la utilicen para abrir la competencia.
También hay una diferencia sustancial entre suspender y eliminar. La suspensión permite reunir apoyos alrededor de una excepción sin acordar una solución permanente. Esa flexibilidad puede facilitar una ley, pero deja instalado un problema: que antes de cada elección vuelva a discutirse el mismo mecanismo según la conveniencia de quienes tienen posibilidades de modificarlo.
Por ahora, las PASO siguen formando parte del régimen nacional y el Gobierno continúa buscando los votos para apartarlas de 2027. La conclusión política es que el debate ya excede ampliamente el costo de organizar una elección. Lo que está en juego es quién tendrá la última palabra para ordenar las candidaturas: los ciudadanos en una instancia abierta o las dirigencias mediante sus acuerdos. Una reforma duradera debería poder defenderse con el mismo argumento tanto desde el Gobierno como desde la oposición. Si su conveniencia cambia únicamente según quién tiene más posibilidades de ganar, el sistema electoral seguirá funcionando como parte de la campaña que debería regular.
