Axel Kicillof, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio compartieron escenario en la segunda Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones. Con distintas pertenencias y diferentes relaciones con la Casa Rosada, los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos pusieron sobre la mesa una discusión que atraviesa a todos: cómo sostener el desarrollo productivo sin una infraestructura que lo acompañe.
La imagen tiene peso político, aunque sería apresurado presentarla como el nacimiento de una alianza. Compartir una preocupación no equivale a compartir un proyecto de poder. Pero tampoco resulta indiferente que dirigentes con recorridos tan distintos encuentren un terreno común precisamente en uno de los aspectos más discutidos de la gestión de Javier Milei: el papel del Estado nacional en las obras públicas.
Kicillof cuestionó la interrupción de los trabajos nacionales y defendió una planificación federal, con articulación entre el sector público y el privado. Llaryora reclamó un programa nacional de infraestructura y vinculó esa necesidad con las posibilidades de atraer inversiones. Frigerio participó de esa misma conversación desde una provincia para la cual la conectividad y la salida de su producción constituyen asuntos centrales.
Detrás del lenguaje técnico sobre logística aparece una cuestión bastante más cotidiana. Una ruta deteriorada encarece un viaje, demora una entrega y agrega riesgos. Una conexión deficiente limita las posibilidades de una empresa y también las de una localidad que busca generar empleo. El costo termina repartido entre productores, transportistas, comerciantes y consumidores.
Por eso, reducir este encuentro a una fotografía rumbo a 2027 dejaría afuera su dimensión más concreta. Las provincias pueden diferenciarse en sus discursos, pero sus economías necesitan conexiones que atraviesan fronteras administrativas. Ningún gobernador puede resolver por su cuenta una red nacional de transporte.
Para Kicillof, la coincidencia permite llevar su planteo sobre la inversión pública a una conversación más amplia que la de su propio espacio. Para Llaryora, ofrece un terreno donde sostener una agenda provincial con autonomía política. En el caso de Frigerio, abre una exigencia especialmente relevante para Entre Ríos: demostrar qué resultados produce su relación con el Gobierno nacional cuando se trata de defender necesidades entrerrianas.
Esa es una lectura política del encuentro, no la confirmación de un acuerdo entre los tres. La distancia entre sus posiciones sigue existiendo. Lo que aparece es una obligación de gestión capaz de atravesarla.
También hay una responsabilidad que alcanza a los gobernadores. Reclamar recursos y participación nacional resulta atendible, pero la discusión necesita prioridades claras, proyectos viables y mecanismos de control. La defensa de la obra pública gana credibilidad cuando explica qué se necesita, cuánto cuesta y cómo se evaluará su utilidad.
La conclusión más interesante de esta coincidencia quizá sea que el federalismo empieza a ponerse a prueba cuando tiene consecuencias políticas. Reunirse y señalar problemas compartidos es un primer paso. Sostener esos planteos en las negociaciones presupuestarias y en las decisiones legislativas será una medida mucho más precisa de su alcance.
Kicillof, Llaryora y Frigerio encontraron una mesa común. Ahora deberán mostrar si pueden construir una agenda que sobreviva a la foto. Porque para quienes producen, trabajan o transitan las rutas, el valor de este acercamiento se medirá en obras terminadas y conexiones que funcionen.
