La Plaza del Congreso volvió a convertirse este jueves 15 de octubre en escenario de piedras, gases lacrimógenos y corridas. La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, terminó marcada por enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas federales desplegadas alrededor del Parlamento.
Los incidentes comenzaron cerca de las 16, cuando estaba previsto el inicio del acto central. En un sector próximo al vallado, personas con los rostros cubiertos lanzaron piedras y otros objetos contra los efectivos. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases, balas de goma y camiones hidrantes. Los enfrentamientos se prolongaron durante más de dos horas y el balance informado fue de 31 detenidos y ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos.
La violencia se concentró inicialmente en un sector apartado del escenario, pero sus efectos alcanzaron a quienes participaban del acto. Los gases, las corridas y el avance policial alteraron la concentración y provocaron que numerosos asistentes comenzaran a retirarse. La lluvia y el viento complicaron todavía más la desconcentración.
La convocatoria había reunido a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sindicales. El eje era reclamar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial. Ese planteo terminó compartiendo espacio con una discusión sobre los daños, las detenciones y el alcance del operativo de seguridad.
Dentro del Congreso tampoco hubo una respuesta política que permitiera encauzar las diferencias. La oposición no consiguió reunir el quórum para una sesión que incluía el rechazo al DNU 70/2023 y otras iniciativas. Aunque esa agenda excedía el reclamo universitario, la simultaneidad dejó una postal significativa: afuera crecía la tensión y adentro no se abría el debate.
Las responsabilidades por los ataques y por la actuación de las fuerzas de seguridad deben examinarse con precisión. La conducta de quienes arrojaron piedras no puede trasladarse automáticamente al conjunto de una movilización. Del mismo modo, la existencia de agresiones exige evaluar cómo se intervino, qué medidas se adoptaron para proteger a los asistentes y en qué circunstancias se realizaron las detenciones.
Lo ocurrido deja una pregunta que supera el balance policial: ¿qué respuesta recibe el ciudadano que se moviliza pacíficamente cuando termina la jornada?
Porque la violencia produce también un desplazamiento de la discusión. Al día siguiente se cuentan detenidos, se repiten las imágenes de los enfrentamientos y se cruzan acusaciones, mientras el problema que llevó a miles de personas a la calle sigue pendiente.
El fracaso más profundo sería acostumbrarse a esa secuencia. Que una plaza pueda desalojarse no significa que un conflicto esté resuelto. La verdadera medida de la capacidad política aparecerá después de las corridas: cuando haya que explicar cómo se sostienen las universidades y qué camino institucional existe para dar una respuesta.
