La Corte Suprema suspendió este viernes 9 de octubre, de manera provisoria, el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras Rurales. La decisión restablece las restricciones a la adquisición de campos por extranjeros mientras continúa el trámite judicial, sin resolver todavía la constitucionalidad de esa disposición.
La medida fue respaldada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. El expediente fue remitido al juzgado federal de Bariloche, que deberá analizar la legitimación de los demandantes y su solicitud de protección judicial. Hasta ese pronunciamiento, permanecerá suspendida la derogación.
La resolución modifica el escenario abierto el 29 de septiembre, cuando la Corte revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154. Aquella demanda había sido presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata.
En esa oportunidad, el tribunal consideró que la entidad no estaba legitimada para promover la acción y que no existía un caso judicial que permitiera analizar el fondo del reclamo. Por eso, aquel fallo tampoco significó una declaración de constitucionalidad del DNU ni una aprobación general de sus reformas.
La Ley 26.737 establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, aplicable también en provincias y divisiones territoriales. Además, contempla límites por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o superficies equivalentes en otras regiones.
También incluye prohibiciones sobre determinados inmuebles que contienen o bordean cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y restricciones en zonas de seguridad de frontera, con las excepciones legales correspondientes.
El conflicto tiene una dimensión política: después de la sentencia de septiembre, sectores opositores anunciaron una sesión especial en Diputados para impulsar el rechazo del DNU 70/2023. La nueva cautelar puede reducir la urgencia de ese reclamo, aunque esa consecuencia constituye una lectura política y no permite dar por cerrado el debate parlamentario.
Por ahora, vuelven a aplicarse las restricciones de la Ley de Tierras. La discusión judicial continúa abierta: la Corte suspendió provisoriamente una disposición específica, sin invalidar el conjunto del decreto.
