La iniciativa amplía las sanciones contra empresas, proveedores y operadores vinculados con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. El proyecto surgió como respuesta al avance del desarrollo petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur.
El Gobierno nacional envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone endurecer las sanciones contra personas y empresas que participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto, anunciado a comienzos de septiembre por el presidente Javier Milei, fue impulsado ante el avance del proyecto petrolero Sea Lion, liderado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas empresas sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas, mientras que la Argentina considera ilegítima cualquier actividad realizada sin autorización nacional en una zona cuya soberanía reclama.
La iniciativa ingresó al Congreso y deberá atravesar el debate legislativo. Por lo tanto, las nuevas disposiciones todavía no están vigentes. El proyecto busca reemplazar la Ley 26.659, sancionada en 2011 y concentrada principalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Uno de los cambios más importantes es la ampliación del alcance de las prohibiciones. El nuevo régimen no se limitaría al petróleo y al gas, sino que comprendería el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables. De esa manera, también podrían quedar alcanzadas actividades pesqueras, mineras y otras operaciones desarrolladas sin permiso argentino.
SANCIONES A TODA LA CADENA DE OPERACIONES
El proyecto no apunta únicamente a las compañías que extraigan directamente los recursos. También busca alcanzar a accionistas, controlantes, socios, financistas y proveedores que aporten servicios económicos, técnicos, logísticos o de consultoría considerados esenciales para hacer posible una operación no autorizada.
En el plano administrativo, se contemplan multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y la inhabilitación para operar en la Argentina durante períodos de entre cinco y veinte años.
Una empresa inhabilitada podría perder autorizaciones y beneficios impositivos o previsionales, ver rescindidos contratos que se ejecuten en el país y quedar impedida de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y otras entidades públicas. Para las personas jurídicas, el texto también prevé suspensiones de actividades por hasta treinta años y, en casos extremos, la disolución o liquidación de la sociedad.
Las consecuencias penales serían todavía más severas. La prestación consciente de bienes o servicios indispensables para estas operaciones podría recibir penas de cinco a siete años de prisión. La exploración o explotación de recursos naturales no renovables sin autorización argentina tendría condenas de doce a veinte años, mientras que la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos podría ser castigado con penas de quince a veinte años y multas de hasta el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.
QUÉ PUEDE OCURRIR CON LOS BUQUES
En el caso de las embarcaciones, el alcance dependerá de su participación concreta. Los buques utilizados para transportar petróleo, abastecer plataformas, brindar apoyo logístico o almacenar hidrocarburos podrían quedar comprendidos dentro del régimen, junto con sus operadores, propietarios y empresas proveedoras, cuando exista conocimiento de que colaboran con una actividad considerada ilegal por la Argentina.
El proyecto también incorpora un marco de protección marítima y reglas para el empleo de la fuerza frente a embarcaciones. Sin embargo, esto no significa que cualquier buque relacionado comercialmente con las islas pueda ser atacado de manera automática. La aplicación de esas facultades estaría sujeta a procedimientos, advertencias, criterios de proporcionalidad y a las circunstancias concretas previstas por la normativa.
La estrategia oficial apunta principalmente a elevar el costo económico y jurídico de participar en proyectos como Sea Lion. En la práctica, el Gobierno procura obligar a las compañías internacionales a elegir entre intervenir en operaciones autorizadas por las autoridades isleñas o conservar el acceso al mercado argentino, incluida la actividad petrolera de Vaca Muerta.
UN NUEVO CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
La propuesta excede la cuestión petrolera. También crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe de Estado e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica.
Ese organismo tendría la misión de coordinar políticas de defensa, inteligencia, relaciones exteriores, economía, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. El Ejecutivo sostiene que la defensa de la soberanía requiere una respuesta conjunta de todas esas áreas y no solamente medidas diplomáticas.
El debate parlamentario determinará ahora si el oficialismo reúne los apoyos necesarios para aprobar una norma de amplio alcance. Además de las sanciones relacionadas con Malvinas, el Congreso deberá analizar las nuevas facultades del Estado en materia de seguridad nacional, control marítimo y protección de recursos estratégicos.
La discusión se desarrollará en un escenario de renovada tensión con el Reino Unido. Mientras Buenos Aires reafirma que las actividades en el Atlántico Sur necesitan autorización argentina, Londres sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni sobre las licencias otorgadas allí.
