Francia se prepara para un sábado de máxima tensión. Después de los saqueos, incendios y ataques contra edificios públicos del último fin de semana, el Gobierno anunció un refuerzo del 20% en el despliegue de las fuerzas de seguridad. La decisión incluye la convocatoria de personal que tenía previsto ausentarse y la cancelación de vacaciones para ampliar la disponibilidad de efectivos.
El operativo contará con policías, gendarmes, helicópteros, vehículos blindados y apoyo militar. Los soldados de la operación Sentinelle asumirán tareas de vigilancia en edificios institucionales y lugares sensibles, con el propósito de liberar agentes para intervenir en las calles. Su participación anunciada se concentra en la protección de puntos fijos, una distinción relevante frente a la imagen de un Ejército desplegado directamente contra las manifestaciones.
El cambio también alcanzará la forma de actuar. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anticipó una estrategia con mayor movilidad y capacidad de reacción frente a grupos que se desplazan, provocan daños y se dispersan. Participarán unidades especializadas como la BRI, el RAID y el GIGN, además de vehículos con cañones de agua.
El Gobierno busca corregir las fallas que quedaron expuestas el sábado anterior. El primer ministro, Sébastien Lecornu, reconoció deficiencias en la respuesta de seguridad y prometió un dispositivo de gran magnitud. Los chalecos amarillos, por su parte, presentaron una declaración para marchar en París, aunque la realización y las condiciones de las concentraciones quedan atravesadas por las restricciones oficiales.
La otra parte de la respuesta será limitar las movilizaciones. Macron anunció que se dará prioridad a las marchas sindicales, con recorridos alternativos para proteger centros urbanos, comercios y edificios públicos. En Lyon, las autoridades dispusieron la prohibición de las manifestaciones del sábado. El presidente también convocó un Consejo de Defensa para el viernes, donde se evaluarán medidas adicionales.
Estas decisiones abren una discusión que excede el operativo. El Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por la falta de previsión ante los disturbios y, al mismo tiempo, críticas por las restricciones al derecho de protesta. Todo ocurre sobre un malestar vinculado con el costo de vida y las dificultades de los servicios públicos, que sigue alimentando las convocatorias.
El sábado será, entonces, una prueba para la autoridad del Gobierno y para su capacidad de distinguir situaciones diferentes: una marcha, un reclamo estudiantil, un saqueo y un ataque organizado requieren respuestas específicas. Confundirlas puede terminar favoreciendo a quienes buscan violencia y dejando sin interlocución a quienes pretenden ser escuchados.
Hay, además, una trampa política en medir el resultado únicamente por la cantidad de vidrieras intactas o de detenidos. Evitar destrozos es una obligación del Estado, pero una jornada sin incidentes tampoco demostraría, por sí sola, que el conflicto quedó resuelto.
Francia puede conseguir que este sábado sus calles estén más protegidas. El desafío posterior será que sus ciudadanos también se sientan más representados. Porque el verdadero éxito del despliegue debería medirse por el tiempo y las condiciones que permita ganar para construir una salida política. Si ese tiempo se desperdicia, el próximo operativo volverá a discutirse antes que las soluciones.
