Javier Milei consiguió una resolución judicial favorable en la causa Libra, pero convertir ese desenlace en una reivindicación de su conducta supone dar un salto que el fallo no autoriza. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes al Presidente, a Karina Milei y a los demás investigados, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, al considerar que los hechos examinados no constituyen delito. Esa decisión tiene un alcance penal concreto. No responde, por sí sola, si el mandatario actuó con la responsabilidad exigible a quien conduce el Estado.
El episodio que originó el expediente sigue siendo un hecho comprobado: el catorce de febrero de dos mil veinticinco, Milei difundió en su cuenta de X un proyecto presentado como una iniciativa privada para financiar emprendimientos argentinos y publicó el código para adquirir el criptoactivo. La cotización subió aceleradamente y después se derrumbó, con pérdidas para quienes habían comprado. Las denuncias buscaron establecer si detrás de esa secuencia existió una maniobra fraudulenta y qué participación tuvieron sus promotores y el entorno presidencial.
La Justicia consideró que la promoción, la suba y el desplome no bastaban para acreditar una estafa: debía demostrarse un engaño concreto que hubiera determinado las compras y causado el perjuicio. También descartó los delitos vinculados con el ejercicio de la función pública, al entender que no se había probado una intervención estatal en el negocio. Esos fundamentos deben ser considerados incluso desde una mirada crítica. Las acusaciones de fraude y de acuerdos ilícitos no pueden presentarse como hechos judicialmente comprobados.
Pero el recorrido del expediente también merece atención. Los investigados fueron sobreseídos sin haber sido llamados a declaración indagatoria. Los inversores que habían intervenido como querellantes quedaron apartados y, según la información disponible, existen quejas pendientes ante Casación por esa exclusión. El juez destacó que, después del pedido fiscal de sobreseimiento, no había una acusación autónoma que justificara continuar el proceso. La resolución dispuso el archivo una vez que quede firme; por ahora, ese requisito no está cumplido.
Desde una lectura política, esa combinación deja una escena incómoda: quienes pretendían impulsar la acusación desde el lugar de damnificados quedaron fuera del expediente antes del sobreseimiento. Esto no demuestra una orden presidencial ni un acuerdo clandestino con los tribunales. Sí permite cuestionar cuánto espacio efectivo tuvieron los afectados para disputar el cierre y cuánto contribuye ese desenlace a esclarecer públicamente lo ocurrido.
La ventaja de ser presidente aparece, sobre todo, en una asimetría de poder. Milei pudo darle a una iniciativa privada una exposición que ningún promotor corriente habría conseguido. La autoridad de su cargo acompañaba el mensaje, aunque el fallo no lo haya considerado un acto oficial. Esa diferencia entre la calificación jurídica de una publicación y su influencia pública es el centro del problema: un mensaje puede no constituir una decisión administrativa y, al mismo tiempo, beneficiarse enormemente del prestigio institucional de quien lo escribe.
¿Habría tenido el mismo recorrido judicial una persona sin semejante posición? No existe una respuesta comprobable. Afirmar que Milei fue sobreseído únicamente por ocupar la Presidencia sería atribuir una causa que no está demostrada. Pero tampoco corresponde presentar su condición de mandatario como un detalle irrelevante: el poder amplifica la capacidad de instalar una versión, administrar la exposición y atravesar una crisis. Es una ventaja política que merece escrutinio, aunque no pruebe una interferencia judicial.
La exigencia pública, además, debe superar el umbral mínimo del Código Penal. Un presidente tiene que explicar por qué prestó su voz a un activo especulativo, qué verificó antes de difundirlo y qué criterio aplicará para evitar que su investidura vuelva a funcionar como respaldo de negocios particulares. La ausencia de una condena no vuelve innecesarias esas respuestas.
Libra deja así una contradicción que el sobreseimiento no resuelve: la palabra presidencial tuvo fuerza suficiente para proyectar un negocio, pero esa misma investidura pierde centralidad cuando se examina la responsabilidad por haberlo promocionado. El verdadero examen institucional consiste en impedir que el cargo sirva para multiplicar la confianza y, después, para reducir las explicaciones. Un presidente debería rendir más cuentas por el poder que tiene; si termina rindiendo menos, el alivio será suyo, pero el costo será público.
