El vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Eduardo López Segura, reclamó que la Justicia investigue “hasta las últimas consecuencias” la denuncia penal por el fraude en ATER presentada contra el exdirector de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, y otros cinco exdirectivos del organismo.
“Una persona condenada asegura que las maniobras no podían realizarse sin conocimiento de las máximas autoridades. No alcanza con descalificarla: la Justicia debe investigar”, afirmó el dirigente, en referencia a la presentación realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció mediante un juicio abreviado su participación en las maniobras. La provincia ya tiene antecedentes de condenas a exfuncionarios por el desvío de fondos públicos.
La denuncia contra los exdirectivos de ATER
“Casaretto pretende presentar este caso como la reacción desesperada de una persona condenada. Pero la gravedad de la denuncia está precisamente en que proviene de alguien que participó de las maniobras, conoce desde adentro cómo funcionaban y ahora sostiene ante un fiscal que nada de eso podía realizarse sin conocimiento, aprobación o consentimiento de la conducción de ATER”, sostuvo López Segura.
Además de Casaretto, la denuncia alcanza a quienes conducían las áreas de Impuestos, Fiscalización Tributaria, Informática, Jurídica e Interior. Según la denunciante, los empleados administrativos no podían por sí solos alterar datos de los contribuyentes, modificar cuentas corrientes, hacer circular expedientes y resoluciones ni concretar compensaciones fraudulentas sin intervención de los niveles superiores. También sostuvo que Casaretto y los directores disponían de claves de mayor jerarquía para operar dentro del sistema.
“No fue una irregularidad aislada cometida con una lapicera en una oficina. Se modificaban cuentas tributarias, se simulaban compensaciones y se cancelaban deudas mediante créditos inexistentes o sin respaldo administrativo. Es razonable que la Justicia determine quiénes podían realizar cada operación, qué autoridades debían controlarlas y qué sabía la conducción”, señaló. La causa investiga maniobras realizadas entre 2004 y 2014, con un perjuicio estimado en aproximadamente 46 millones de pesos a valores nominales de aquellos años.
Sobre la presentación original de 2014, López Segura sostuvo que Casaretto no puede archivar desde una entrevista la nueva acusación: “La nueva denunciante sostiene algo mucho más grave: que utilizó aquella presentación para quedar colocado como denunciante y ocultar su eventual participación. Esa acusación puede ser verdadera o falsa, pero no la puede archivar el propio Casaretto desde una entrevista. Tiene que investigarla un fiscal”.
El pedido de investigar los patrimonios
La presentación también solicita analizar la evolución patrimonial de Casaretto, de los restantes directivos y de otras personas vinculadas con las maniobras. “Este punto es central. La denunciante pide expresamente que se investiguen los patrimonios. Por lo tanto, Casaretto debe explicar qué actividades e ingresos tuvo durante sus décadas en la función pública y cómo construyó su patrimonio. No estamos afirmando que se haya enriquecido ilegalmente; reclamamos que se produzca una medida de prueba solicitada dentro de una denuncia penal”, aclaró.
“Si todo su patrimonio tiene un origen legítimo y guarda relación con sus ingresos declarados, Casaretto debería ser el primer interesado en exhibir la documentación y terminar con cualquier sospecha. La transparencia no puede reclamarse solamente cuando sirve para acusar a los demás”, agregó.
El dirigente consideró que las aspiraciones electorales de Casaretto aumentan su obligación de rendir cuentas: “Quien pretende que los entrerrianos le confíen la administración de toda la provincia debe comenzar explicando qué ocurrió en el organismo que ya tuvo bajo su conducción. Gobernar es administrar, controlar y hacerse responsable”.
“Casaretto tiene derecho a defenderse y a que se respete su presunción de inocencia. Pero los entrerrianos también tenemos derecho a saber qué conocía sobre el fraude, cómo fallaron los controles, quiénes se beneficiaron y cómo evolucionó el patrimonio de quienes conducían ATER. Menos teorías conspirativas y más explicaciones”, concluyó.
Fuente: Ahora