El Carnaval de Concordia atraviesa un momento decisivo que excede largamente la organización de la próxima edición. La determinación del gobierno municipal de concesionar integralmente el espectáculo representa un cambio profundo en el modelo de administración de una de las manifestaciones culturales más importantes de la ciudad. Y la forma en que se está desarrollando el procedimiento deja preguntas que merecen respuestas públicas.
Este martes 10 de noviembre se realizó la apertura de sobres correspondiente al segundo llamado a licitación para la edición 2027. El resultado volvió a mostrar un dato significativo: solamente se presentó un oferente, el empresario Luciano Ancarola, quien también había participado del primer procedimiento.
La diferencia es que, en esta oportunidad, su propuesta cumplió con los requisitos formales y fue declarada admisible. Ahora deberá superar la evaluación correspondiente antes de que pueda concretarse una adjudicación.
Es importante establecer que la existencia de un único oferente no constituye, por sí misma, una irregularidad administrativa ni demuestra favoritismo. Sin embargo, cuando se trata de entregar la explotación comercial de un acontecimiento de semejante importancia, la ausencia de competencia efectiva constituye una debilidad evidente del proceso.
Una licitación pública debería permitir que distintas propuestas compitan en condiciones transparentes para determinar cuál ofrece mayores beneficios a la comunidad. Cuando solamente existe una alternativa, esa posibilidad de comparación desaparece prácticamente por completo.
Y allí aparece el primer cuestionamiento político a la gestión de Azcué: ¿se diseñó un procedimiento verdaderamente atractivo para distintos interesados o se terminó impulsando un esquema que, por sus características y exigencias, redujo considerablemente las posibilidades de participación?
La pregunta no implica afirmar que existió una maniobra deliberada. Significa exigir explicaciones sobre un resultado que, como mínimo, debería preocupar a quienes tienen la responsabilidad de administrar los intereses municipales.
Una fiesta construida por la ciudad, pero explotada por un privado
La concesión comprende mucho más que la contratación de servicios técnicos. Incluye la organización general, la producción del espectáculo, la infraestructura, las tribunas, el sonido, las pantallas, las cantinas, la publicidad y la administración de la venta de entradas.
Este último aspecto representa uno de los cambios más relevantes respecto de las ediciones anteriores.
El Carnaval de Concordia no nació como un emprendimiento comercial privado. Su crecimiento fue producto del trabajo sostenido de las comparsas, de miles de integrantes, de familias que invierten tiempo y recursos, de dirigentes y colaboradores, y también del acompañamiento del Estado municipal.
El Corsódromo Atanasio Bonfiglio, además, constituye una infraestructura vinculada directamente con el patrimonio y la inversión pública de la ciudad.
Por eso, resulta legítimo preguntarse si la transferencia de la explotación comercial garantiza una compensación suficientemente importante para Concordia.
En el primer pliego se contemplaba que el municipio recibiera como mínimo el tres por ciento de la recaudación bruta por entradas, mientras que el concesionario debía asumir importantes obligaciones económicas, entre ellas un piso de 480 millones de pesos en premios para las comparsas.
Es cierto que el privado asume costos y riesgos que no pueden ignorarse. Pero también es cierto que recibe la posibilidad de administrar ingresos provenientes de un espectáculo consolidado, con público, infraestructura e identidad construidos previamente.
La cuestión central es determinar si el equilibrio económico resulta conveniente para el conjunto de la ciudad y no solamente para quien obtenga la concesión.
Para responderlo se necesita información concreta: proyecciones de recaudación, estimaciones de gastos, inversiones comprometidas, rentabilidad esperada y beneficios directos e indirectos para el municipio.
Sin esos elementos, resulta imposible establecer si el nuevo modelo constituye una mejora económica o simplemente una transferencia de responsabilidades acompañada por la cesión de importantes fuentes de ingresos.
La contradicción de una gestión que celebró el éxito del carnaval y ahora cambia su administración
Hay otro aspecto que merece especial atención.
La propia Municipalidad presentó la edición 2026 como un éxito, destacando la convocatoria, el funcionamiento organizativo y el crecimiento del espectáculo. Desde el Ente Permanente del Carnaval se resaltó el trabajo conjunto entre las comparsas, el sector privado y las distintas áreas municipales.
Frente a ese balance favorable, la decisión de modificar sustancialmente el sistema de organización requiere una explicación particularmente sólida.
Si el modelo anterior permitió alcanzar resultados considerados históricos por las propias autoridades, ¿cuáles son los fundamentos económicos y administrativos que justifican reemplazarlo?
¿Existieron pérdidas que no fueron suficientemente explicadas? ¿Se detectaron problemas estructurales de financiamiento? ¿Hay estudios que demuestren que la concesión permitirá aumentar los ingresos municipales o mejorar la calidad del espectáculo?
No alcanza con sostener que el sector privado puede administrar con mayor eficiencia. Esa afirmación necesita demostrarse con números, objetivos y mecanismos de control.
De lo contrario, la concesión corre el riesgo de aparecer más como una decisión ideológica sobre el papel del Estado que como una solución fundamentada en las necesidades concretas del Carnaval de Concordia.
Las comparsas, entre la incertidumbre y la necesidad de recursos
En medio de esta discusión aparecen las verdaderas protagonistas del carnaval: las comparsas.
Bella Samba, Ráfaga, Imperio y Emperatriz constituyen el corazón artístico y social de la celebración. Sin ellas, sencillamente, no existiría el espectáculo que se pretende concesionar.
Durante las semanas previas al procedimiento licitatorio trascendieron reclamos de las agrupaciones relacionados con las demoras en los adelantos económicos y la necesidad de contar con definiciones para preparar la próxima edición.
Las autoridades del Ente reconocieron que los aportes se estaban realizando más tarde que el año anterior y explicaron que parte de las obligaciones económicas quedaría posteriormente bajo responsabilidad del concesionario.
Esto plantea otro interrogante: ¿hasta qué punto resulta conveniente que la planificación artística y financiera de las comparsas dependa de un proceso de adjudicación que llega con plazos cada vez más ajustados?
La preparación de un carnaval exige meses de trabajo, contratación de personal, compra de materiales, diseño de vestuarios, construcción de carrozas y ensayos.
La incertidumbre administrativa tiene consecuencias concretas sobre esas actividades.
No se trata de rechazar la participación empresarial. El carnaval necesita inversión privada, patrocinadores, proveedores y una organización profesional. Pero una cosa es incorporar al sector privado como socio estratégico y otra muy distinta es trasladarle prácticamente toda la administración comercial de la fiesta.
La diferencia es sustancial y merece un debate que no debería resolverse únicamente dentro de las oficinas municipales.
El problema no es solamente quién gana la licitación, sino quién controla el negocio
La experiencia del empresario que presentó la única propuesta fue destacada públicamente por las autoridades del Ente Permanente del Carnaval. Se mencionaron sus antecedentes en anteriores ediciones y su participación en otros acontecimientos populares.
Esos antecedentes pueden representar una ventaja operativa, pero no reemplazan la necesidad de evaluar rigurosamente las condiciones económicas de la oferta.
Tampoco corresponde atribuirle al oferente responsabilidades políticas por la falta de competidores. La decisión de concesionar, el diseño del procedimiento y las condiciones de contratación pertenecen a la administración municipal.
Es precisamente allí donde debe concentrarse el análisis crítico.
La gestión de Azcué tiene la obligación de demostrar que el esquema elegido resulta más beneficioso para Concordia que otras alternativas posibles.
También debería garantizar que los ingresos por entradas, publicidad y explotación comercial puedan ser auditados, que existan mecanismos de rendición de cuentas y que las obligaciones con las comparsas se encuentren suficientemente respaldadas.
Una concesión de esta naturaleza no puede limitarse a verificar que se cumplan los requisitos administrativos. Necesita controles económicos efectivos y condiciones claras para proteger el interés público.
Una decisión que merece explicaciones antes de convertirse en un hecho consumado
El avance de la concesión se produce cuando faltan pocos meses para el inicio del Carnaval 2027. Esa cercanía genera presión para resolver rápidamente la adjudicación y comenzar con los trabajos de organización.
Pero la urgencia no debería convertirse en un argumento para evitar discusiones necesarias.
El municipio debe explicar cuánto espera ahorrar, cuánto prevé recaudar, qué obligaciones conservará, cuáles serán los riesgos económicos que continuará asumiendo y qué mecanismos utilizará para controlar al eventual concesionario.
También debería conocerse qué participación real tuvieron las comparsas en la definición del nuevo modelo y cuáles serán las garantías para preservar el carácter cultural, popular y turístico del espectáculo.
No hay elementos suficientes para afirmar que la licitación haya sido direccionada o que exista una irregularidad en beneficio de un empresario determinado. Formular semejante acusación exigiría pruebas concretas.
Pero sí existen hechos objetivos que justifican un cuestionamiento político: dos convocatorias con un único oferente, un primer procedimiento frustrado por incumplimientos documentales, una modificación profunda del esquema de explotación comercial y una adjudicación que se pretende resolver con rapidez.
La suma de esos elementos debería impulsar mayor transparencia, no menor discusión.
El Carnaval de Concordia no puede reducirse a un negocio
Concordia necesita un carnaval cada vez más importante, capaz de atraer turistas, generar empleo, movilizar la gastronomía, fortalecer el comercio y proyectar la identidad de la ciudad.
Para alcanzar ese objetivo, la participación privada puede ser una herramienta valiosa. Pero debe estar subordinada a una estrategia de desarrollo turístico y cultural definida por la comunidad y sus instituciones.
El error sería confundir la profesionalización del espectáculo con el desprendimiento de la responsabilidad pública sobre su futuro.
El Carnaval de Concordia representa décadas de esfuerzo colectivo, inversiones, creatividad y pertenencia. Su valor económico existe precisamente porque antes hubo un enorme valor social y cultural construido por miles de personas.
La gestión municipal tiene derecho a proponer un cambio de modelo. Lo que no debería hacer es presentarlo como una simple solución administrativa sin demostrar claramente sus ventajas.
Porque el verdadero éxito de una concesión no consiste en encontrar rápidamente un empresario dispuesto a hacerse cargo del espectáculo. Consiste en garantizar que la ciudad obtenga mejores resultados, que las comparsas puedan desarrollarse y que el patrimonio colectivo quede protegido.
La pregunta que debería responder el gobierno de Francisco Azcué no es solamente quién organizará el Carnaval 2027, sino por qué los concordienses deberían considerar que esta concesión es mejor que el sistema anterior.
Y mientras esa respuesta no aparezca respaldada por información económica clara, competencia efectiva y garantías suficientes, seguirá existiendo una duda razonable sobre la conveniencia de la decisión.
Porque una ciudad puede concesionar la organización de su carnaval, pero no debería concesionar el control de su patrimonio cultural ni resignar el derecho a conocer quién se beneficia con él.




