El Gobierno nacional termina octubre sin haber cerrado los acuerdos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2027. La suspensión de la reunión de comisión prevista para el miércoles dejó expuestas las diferencias con los bloques dialoguistas. La nueva fecha tentativa para obtener la media sanción en Diputados es el 25 de noviembre: un objetivo político que todavía depende de negociaciones pendientes y que dejaría escaso margen para el Senado antes del cierre de las sesiones ordinarias.
La dificultad central parece estar en las condiciones del acompañamiento. Entre los aliados existe disposición a respaldar una herramienta presupuestaria, pero persisten objeciones sobre artículos y asignaciones específicas. Esa diferencia es decisiva: apoyar el proyecto en general no garantiza que la Casa Rosada consiga aprobar intacto su contenido.
Los gobernadores y sus representantes legislativos reclaman obras viales, infraestructura y respuestas sobre recursos provinciales. También aparecen pedidos tributarios concretos. En el caso de Entre Ríos, los planteos trasladados por legisladores del PRO incluyen reducir del 21% al 10,5% el IVA sobre productos de la actividad avícola, incluidos los huevos y sus derivados. El financiamiento universitario constituye otro frente abierto: el proyecto contempla 7,7 billones de pesos, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama 11 billones.
La discusión tiene, además, una dimensión de confianza. Para las provincias, conseguir una promesa de recursos ofrece menos previsibilidad que contar con una obligación claramente establecida. Desde esa perspectiva, la negociación presupuestaria también define cuánto margen conservará el Ejecutivo para decidir durante el año qué compromisos cumple, cuándo los ejecuta y con qué alcance.
Entre los asuntos todavía cuestionados por los aliados figuran las disposiciones sobre discapacidad, las compensaciones a las cajas previsionales provinciales y la propuesta de eliminar la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares. También existen reclamos sobre el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles: legisladores aliados y opositores sostienen que no se aplica debidamente al mantenimiento vial. Ese señalamiento forma parte de la controversia política y no debe confundirse con una resolución judicial que haya establecido responsabilidades.
El trasfondo económico ayuda a entender la resistencia. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el proyecto prevé un aumento real del gasto total del 3,4%, pero con comportamientos muy diferentes entre sectores. La Prestación Alimentar tendría una caída real del 10,5%, mientras que los subsidios energéticos y al transporte retrocederían 25,2% y 16,2%, respectivamente. Son estimaciones sobre la propuesta presentada, sujetas a los cambios que introduzca el Congreso y a la evolución efectiva de la economía.
En términos políticos, esas diferencias muestran por qué el equilibrio de las cuentas no alcanza por sí solo para construir una mayoría. Un presupuesto puede mejorar su resultado global y, al mismo tiempo, generar conflictos por la distribución del esfuerzo. Cada gobernador evalúa el impacto territorial; cada bloque, el costo de acompañar decisiones que luego deberá explicar ante sus votantes.
La postergación tampoco permite dar por fracasado el proyecto. Todavía hay espacio para introducir modificaciones y reunir apoyos. Pero el calendario empieza a funcionar como una presión adicional: cuanto más tarde llegue el acuerdo en Diputados, mayor será la necesidad de extender el tratamiento mediante sesiones extraordinarias.
El verdadero resultado de estas tratativas se conocerá cuando las conversaciones se conviertan en partidas, reglas y compromisos verificables. Aprobar el Presupuesto será un logro legislativo para el Gobierno; lograr que sus números permitan planificar será una prueba más exigente. Para las provincias y para los ciudadanos, la previsibilidad empieza cuando lo acordado deja de depender de una próxima reunión.




