Las universidades vuelven este jueves 15 de octubre a las calles, con un conflicto que sigue sin encontrar una salida duradera. La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades alrededor de demandas concretas: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial, la actualización de las becas y recursos suficientes para sostener las actividades académicas y científicas.
En Entre Ríos habrá movilizaciones en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. La jornada coincide con la discusión del Presupuesto Nacional 2027, por lo que la protesta también busca incidir sobre las condiciones en las que las universidades deberán trabajar el próximo año.
El panorama entrerriano presenta diferencias que conviene tener en cuenta. La Universidad Nacional de Entre Ríos y las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional dependen del financiamiento nacional. La Universidad Autónoma de Entre Ríos, de carácter provincial, tiene otra estructura de sostenimiento. Comparten la defensa de la educación pública y espacios de movilización, aunque sus situaciones presupuestarias no sean idénticas.
En la UNER, la preocupación alcanza tanto al funcionamiento cotidiano como a la posibilidad de planificar. Sus autoridades vienen advirtiendo sobre la insuficiencia de las partidas proyectadas para 2027, el deterioro salarial, las dificultades económicas de los estudiantes y la incertidumbre que atraviesa la investigación.
El planteo presupuestario incluye una diferencia importante: los cálculos del sistema universitario señalan que se necesitan aproximadamente un 33% más de recursos que los previstos en el proyecto nacional. La advertencia apunta a la distancia entre el dinero proyectado y el considerado necesario para funcionar, y no a un recorte de ese porcentaje ya ejecutado sobre el presupuesto particular de la UNER.
La discusión tiene una dimensión especialmente sensible en una provincia donde la presencia universitaria se distribuye entre distintas ciudades. Esa red permite que estudiar una carrera no dependa exclusivamente de poder pagar una mudanza, un alquiler y la vida cotidiana lejos de la familia. Cuando se debilitan las condiciones de cursado, también se vuelve más difícil aprovechar esa cercanía.
La gratuidad, por sí sola, no resuelve todos los obstáculos. Viajar, comprar materiales, alimentarse y disponer de tiempo para estudiar forman parte de una cuenta que las familias deben afrontar todos los meses. Por eso, las becas y los servicios de acompañamiento tienen un peso decisivo: pueden marcar la diferencia entre continuar una carrera o postergarla.
El problema también alcanza a los laboratorios, los proyectos científicos y las actividades de extensión. Las universidades entrerrianas mantienen vínculos con sectores productivos, organismos públicos y organizaciones sociales. Si esas tareas pierden continuidad, el impacto termina llegando a espacios que muchas veces no se identifican directamente con la vida universitaria.
En Concordia, esa relación con la comunidad le da un contenido propio a la convocatoria. Las facultades de Ciencias de la Administración y Ciencias de la Alimentación de la UNER, la Regional Concordia de la UTN y la sede local de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER participaron de la presentación conjunta de la marcha.
La concentración será a las 19.30 en Plaza Urquiza, mientras que la caminata comenzará a las 20 hacia Plaza 25 de Mayo, donde se realizará el acto de cierre. La participación de instituciones nacionales y provinciales expresa una preocupación compartida por preservar la educación superior y su aporte al desarrollo regional.
La movilización tendrá continuidad en el terreno político. La conducción de la UNER convocó a legisladores nacionales entrerrianos a una reunión para este viernes 16 de octubre, a las 16, en el Rectorado de Concepción del Uruguay. El Presupuesto 2027 será el eje de un encuentro que pondrá a los representantes de la provincia frente a la necesidad de traducir sus posiciones públicas en decisiones concretas.
Más allá de la cantidad de personas que reúna cada marcha, Entre Ríos debería discutir cómo evaluar el estado de sus universidades. Mantener los edificios abiertos es indispensable, pero también importa saber si los estudiantes pueden continuar, si los docentes encuentran condiciones para quedarse y si los equipos científicos logran sostener sus proyectos.
Allí aparece el riesgo menos visible de una crisis prolongada: que el deterioro se vuelva costumbre. Una universidad puede seguir funcionando mientras pierde, lentamente, capacidades que después demandarán años de recuperación.
Para Entre Ríos, defender la educación superior significa conservar la posibilidad de formar profesionales y producir conocimiento en su propio territorio. Si esa capacidad se debilita, la provincia dependerá más de soluciones, tecnologías y recursos humanos provenientes de otros lugares.
Ese costo difícilmente aparezca completo en una planilla presupuestaria. Pero puede terminar pagándose durante mucho tiempo, cuando las marchas ya hayan terminado y las plazas vuelvan a quedar vacías.
