La situación de Granja Tres Arroyos ingresó en una nueva y decisiva etapa luego de que la sociedad principal del grupo avícola formalizara su pedido de concurso preventivo de acreedores. La presentación judicial busca ordenar un elevado nivel de endeudamiento y abrir una negociación con los acreedores para evitar la quiebra y sostener, al menos parcialmente, la actividad productiva.
El expediente de Granja Tres Arroyos S.A. tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 21. La medida se suma al concurso solicitado previamente por WADE S.A., firma del mismo grupo vinculada con las plantas de la ex Cresta Roja. De este modo, dos de las principales sociedades del conglomerado quedaron alcanzadas por procesos destinados a reestructurar sus obligaciones, mientras todavía resta conocer qué ocurrirá con AVEX S.A., la tercera compañía relevante del holding.
La consecuencia inmediata es que la crisis, que durante meses se manifestó mediante dificultades operativas y negociaciones privadas, quedó ahora trasladada al ámbito judicial. Será la Justicia comercial la que deberá resolver la apertura del concurso y fijar los pasos para verificar las deudas y presentar una propuesta de pago. Distintas estimaciones ubican el pasivo total que el grupo buscaba reestructurar en alrededor de 350 millones de dólares.
El impacto más grave se registra entre los trabajadores. Desde el comienzo del conflicto se contabilizan cerca de 1.700 desvinculaciones en diferentes establecimientos de Entre Ríos y Buenos Aires, aunque las cifras varían según las fuentes y continúan bajo revisión. A los despidos se agregan salarios y aguinaldos pendientes, suspensiones, reducción de turnos y plantas que permanecen paralizadas o con una actividad muy limitada.
En Concepción del Uruguay, donde la compañía posee una presencia histórica dentro de la industria avícola entrerriana, la preocupación se concentra en el futuro de cientos de familias y en el efecto que una reducción prolongada de la producción puede generar sobre comercios, proveedores, transportistas y granjas integradas. La incertidumbre también alcanza a Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría, Pilar y Río Cuarto, localidades que sufrieron ceses de actividad, suspensiones o despidos durante los últimos meses.
En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria y ordenado retrotraer desvinculaciones mientras se desarrollaban audiencias entre la empresa y los sindicatos. Los gremios reclaman la reincorporación del personal y el pago de las sumas adeudadas, mientras la compañía sostiene que los embargos y la falta de liquidez limitaron su capacidad para afrontar los compromisos laborales.
El concurso preventivo no implica por sí mismo el cierre definitivo de Granja Tres Arroyos. Su objetivo formal es brindar un marco para negociar las deudas y preservar la continuidad de la empresa. Sin embargo, tampoco garantiza la recuperación: el resultado dependerá de la aprobación judicial, del acuerdo con los acreedores, de la disponibilidad de capital para reactivar las plantas y de la posibilidad de recomponer el funcionamiento de una estructura productiva que se redujo de manera significativa.
Por el momento, la principal consecuencia es una etapa de mayor incertidumbre. La empresa intenta ganar tiempo para reorganizarse, mientras trabajadores, proveedores y comunidades enteras esperan definiciones sobre la continuidad de las plantas, el pago de las deudas y la conservación de los puestos laborales en una de las actividades más importantes de la cadena avícola argentina.
